Aborto: de delito a derecho

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“La nueva ley del aborto garantiza la seguridad jurídica y sanitaria”
El pasado jueves, 5 de noviembre, tuvo lugar en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia el primero de los debates del curso 09-10 organizado por CEPS en torno al aborto y a su evolución de delito a derecho; el acto fue presentado por la periodista Emilia Bolinches. En él participaron la jurista y ex Síndica de Greuges (Defensora del Pueblo), Emilia Caballero, y el ginecólogo-oncólogo del Hospital Dr. Peset, Gonzalo Lázaro. Emilia Caballero planteó la necesidad de una reforma basada en la inseguridad jurídica que la Ley de 1985 reguladora de la despenalización del aborto había generado en su laxa e irregular interpretación y aplicación por parte de los operadores jurídicos y profesionales de la medicina, entre otras cuestiones, por la vulneración del derecho a la intimidad de la mujer y por la falta de garantías sanitarias en la práctica del aborto. Caballero destacó que la nueva ley introducirá aspectos de gran relevancia: a) verdadera despenalización del aborto sin tutelaje de la mujer que será sujeto de derecho por primera vez, b) mayores niveles de seguridad jurídica c) garantía de asistencia sanitaria en centros públicos, d) garantía del derecho de confidencialidad e intimidad de las mujeres, e) derecho a información previa mediante la concesión de un plazo reflexivo de tres días antes de la práctica del aborto, f) incentivación de políticas de apoyo a la madre y a la maternidad, g) el derecho a recibir información sexual y reproductiva y h) la formación de profesionales de la salud con perspectiva de género. Por su parte, Gonzalo Lázaro partió de la tranquilidad que esta reforma va a reportar para los profesionales de la medicina, y en este sentido abundó en la aplicación irregular de la ley de 1985 por la interpretación amplia de su terminología, y consiguientemente insegura, que los profesionales de la medicina se veían obligados a realizar para garantizar el derecho de la mujer al aborto, así como en los múltiples problemas que surgían para ésta cuando se encontraba ante  centros médicos públicos o con profesionales que se negaban a proceder del mismo modo.
Asimismo, destacó que muchos centros privados, donde mayoritariamente se llevan a cabo los supuestos de interrupción voluntaria de embarazo en la actualidad, no cuentan con el equipamiento médico necesario para proceder con respecto a gestaciones de más de 12 semanas que es lo que hasta ahora se permitía.