Artículo de Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat de València y colaboradora de la Fundación CEPS. Publicado en el blog Favor Laboris el 2/03/2012

Nos encontramos en un momento de emergencia social en España. Los datos del paro marcan máximos históricos y el número de personas que viven bajo el umbral de pobreza no para de crecer. En esta situación, el gobierno del PP responde con recortes en servicios públicos y con la aprobación de una durísima reforma laboral cuyo principal resultado va a ser una bajada salarial generalizada y el aumento del desempleo. Todo ello es la expresión de una política orientada a destruir el estado del bienestar e implican un grave riesgo para la estabilidad social de nuestro país.

No se trata de alarmismo sino de realidad, el contenido de la reforma demuestra claramente que sus objetivos prioritarios, más allá de los vagos argumentos con los que la defiende el gobierno, son dos: devaluar los salarios, buscando igualarlos con el SMI fijado y congelado en 641 euros al mes y limitar la capacidad de reacción y respuesta de los trabajadores, facilitando el despido y convirtiendo la precariedad en la norma. En definitiva, elimina la función más elemental del derecho del trabajo que era la búsqueda de un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la voluntad del empresario, situando el beneficio empresarial en el centro del sistema.

Pero el ataque contra los derechos de los trabajadores y lo erróneo de las medidas no es algo novedoso. De hecho, esta reforma comparte con las anteriores, realizadas por el PSOE, en 2010 y 2011, tanto los errores en la forma como en el fondo. Todas ellas han utilizado los derechos de los trabajadores como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis económica, que no han provocado los trabajadores, desregulando el mercado de trabajo, bajando los salarios y prácticamente eliminado la estabilidad en el empleo.

¿Cuales son las vías para conseguir estos objetivos reales de la reforma?

La devaluación salarial generalizada se consigue primando la negociación colectiva de empresa y permitiendo el descuelgue a este nivel del convenio de sector, de esta manera va a primar la voluntad del empresario para fijar las condiciones de trabajo, incluido el salario y la jornada, con el peligro evidente de que se produzca una carrera a la baja entre empresas del mismo sector para ser más competitivas a base de reducir costes sociales. En esta misma línea va la eliminación de la ultraactividad del convenio.
La sumisión de los trabajadores a la voluntad del empresario, el acatamiento forzoso de esta devaluación salarial, se consigue de dos maneras: abaratando el despido y precarizando al precario.

Así, la reforma facilita el despido de manera general bajo el argumento de que despedir era difícil y caro. Bastan dos datos para demostrar que esto es falso, entre 2007 y 2011 se destruyeron 2,7 millones de puestos de trabajo, además, los costes del despido suponen, según el Banco de España, un 2% de los costes sociales. Aun así, la reforma facilita y abarata aun más el despido ¿cómo?

- Crea un contrato, llamado cínicamente contrato indefinido para emprendedores, que instaura el despido libre durante un año en las empresas de menos de 50 trabajadores

- Abarata la indemnización por despido improcedente, pasando de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas.

- Elimina los salarios de tramitación

- Amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción)

- Elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
En definitiva, convierte al despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional, como debería de ser por el impacto que tiene para la vida del trabajador, ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo.
Por añadidura, la reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. Además, a partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos. También desnaturaliza la reforma el contrato a tiempo parcial, mayoritariamente utilizado por mujeres, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias, lo que a la postre va a provocar una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.

Se pretende, en definitiva, una paulatina sustitución de trabajadores estables por nuevos empleados frágiles, pauperizados y con escasa capacidad de respuesta colectiva.

El trabajador se convierte en mercancía y la razón de ser del derecho del trabajo, nacido para conseguir un cierto equilibrio entre empresarios y trabajadores, se pierde. Esto no beneficia a nadie, la pauperización de la clase trabajadora, la destrucción de empleo, la precarización masiva, no beneficia ni tan siquiera a los empresarios, al contrario, agudiza la situación de emergencia social y económica y amenaza seriamente la convivencia política.

http://favorlaborisblog.wordpress.com/2012/03/02/argumentario-breve-contra-la-reforma-laboral/

 
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